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En esta página encontrará información periódica con las últimas novedades sobre normativas.

Resumen reforma Impuesto Sociedades

 
1.- Concepto de actividad económica
Se incorpora en la ley la definición de “actividad económica”. En el caso de arrendamientode inmuebles, expresamente, se indica que únicamente tendrá naturaleza de actividad económica cuando se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada completa. A los efectos de considerar si existe actividad económica se debe de tener en cuenta a todas las sociedades del grupo.
 
2.- Sociedades civiles
Se incorporan como sujetos pasivos del IS a las sociedades civiles, que hasta el momento tributaban en el IRPF de sus partícipes por medio del régimen de atribución de rentas.
 
Se establece un régimen fiscal especial para la disolución y liquidación, de aquellas sociedades civiles que, habiendo estado sujetas al régimen de atribución de rentas en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016, pasen a ser contribuyentes del Impuesto a partir de dicha fecha.
 
3.- Imputación temporal.
  • Se incluye la no integración en la base imponible de la reversión de los gastos que no hubieran resultado fiscalmente deducibles.
  • Se amplía el criterio de operaciones a plazo que antes excluía a las prestaciones de servicios. La reforma lo hace aplicable a todas las operaciones y se imputarán por exigibilidad y no por cobro.
  • Pérdidas derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales que fuesen nuevamente adquiridos: la regla de reversión de la pérdida por deterioro o corrección de valor pierde la limitación temporal de 6 meses, y en principio extiende sus efectos de forma indefinida.
  • Se difiere en el tiempo la integración en la base imponible de las rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores de deuda, cuando dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades. Dichas rentas serán deducibles cuando los elementos patrimoniales transmitidos sean dados de baja en la entidad adquirente, sean transmitidos a una entidad tercera o bien la entidad adquirente y/o transmitente dejen de formar parte del grupo. 
  • En el caso de transmisión de acciones o participaciones o de establecimientos permanentes, las pérdidas se minorarán en el importe de las rentas positivas obtenidas en la transmisión a terceros, salvo que hayan tributado efectivamente al menos en un 10%.
  • Se limita la integración en base imponible, al 60% de la base imponible previa, para los deterioros de créditos por insolvencias y de las dotaciones a aportaciones de sistemas de previsión social y para prejubilaciones que, por no haber sido posible deducirlos, han generado activos por impuesto diferido.  
4.-  Amortizaciones
  • Las tablas de amortización se simplifican y actualizan;
  • Se elimina la limitación del máximo anual del 10% respecto del inmovilizado material con vida útil definida; 
  • Se mantiene la libertad de amortización para elementos vinculados a la actividad de I+D+i;
  • Se incorpora un nuevo tipo de libertad de amortización para elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta 25.000 euros anuales
5.- Correcciones de valor: pérdidas por deterioro del valor
  • No se permitirá la deducción de pérdidas por deterioro que ahora son deducibles: pérdidas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores de renta fija. Serán deducibles en el momento de la transmisión o baja de estos elementos.
  • Se mantiene la deducción fiscal de las pérdidas por deterioro de los créditos  y de las existencias.
  • Respecto al activo intangible de vida útil indefinida, así como el fondo de comercio, será deducible el precio de adquisición, en un plazo de 20 años. Se eliminan los requisitos para la deducibilidad de la adquisición del fondo de comercio. Se establece un régimen transitorio aplicable para el periodo impositivo 2015. 
6.-Gastos deducibles
  • Retribución de fondos propios:  se precisa que  hay que atender a la naturaleza mercantil y no a la calificación contable de los instrumentos de patrimonio, de tal forma que, por ejemplo, no serán deducibles los pagos a acciones sin voto. 
  • Se niega la deducibilidad a la remuneración de préstamos participativos otorgados por entidades del mismo grupo.
  • Límite máximo para la deducción de gastos por atenciones a clientes o proveedores: 1% cifra negocios.
  • No se considerará liberalidad las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato laboral con la entidad.
  • Se establece la no deducibilidad de los gastos con entidades vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente, no generen ingresos o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10% 
7.- Supuestos de transmisiones de inmuebles
 
Se eliminan los coeficientes de actualización monetaria.
 
8.- Operaciones vinculadas
  • Perímetro de vinculación. Cuando se trate de vinculación socio-sociedad, el porcentaje mínimo de participación ha de ser el 25%, en lugar del 5% como en la actualidad. Asimismo, se elimina la consideración de vinculación con respecto a la retribución percibida por los consejeros y administradores de sociedades por el ejercicio de sus funciones.
  • Se elimina la jerarquía de métodos que venía regulada en la anterior redacción para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas.
  • Se introducen reglas específicas de valoración para las operaciones de las sociedades profesionales con sus socios. Así para aplicarla ya no será preciso que el rendimiento neto previo a la deducción de las retribuciones de socios sea positivo. El porcentaje que las retribuciones de los socios profesionales ha de representar sobre el resultado previo a la deducción de sus retribuciones baja del 85 al 75%. En cuanto al importe de las retribuciones de cada socio, se disminuye su relación con los salarios de los trabajadores que hagan funciones análogas a las suyas desde el doble a 1,5 veces. También se suprime el requisito de ser empresa de reducida dimensión, a efectos de que el contribuyente considere que el valor convenido coincide con el de mercado en casos de prestación de servicios de un socio profesional a la entidad vinculada. 
  • Acuerdos previos de valoración se introduce la posibilidad de que sus efectos alcancen a operaciones de periodos anteriores siempre que no estuvieran prescritos.
  • Desaparece la tasación pericial contradictoria como método de comprobación de valor de mercado de las operaciones realizadas entre partes vinculadas. 
  • En lo que se refiere al ajuste secundario se contempla la posibilidad de no realizar dicho ajuste cuando exista una restitución patrimonial de la diferencia valorativa. Esta restitución no determinará la existencia de renta en las partes afectadas. 
  • Obligaciones de documentación: se simplifica su contenido para aquellas entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, no siendo necesaria en relación con determinadas operaciones. 
9.- Reserva de capitalización
 
Los contribuyentes que tributen al tipo general o al 30% (entidades de crédito y entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos), podrán reducir su base imponible en un 10% del importe del incremento de fondos propios de la entidad, siempre y cuando se mantenga dicho incremento de los fondos propios en los 5 años siguientes y se dote una reserva indisponible durante esos 5 años por el importe de la reducción.
 
10.- Compensación de bases imponibles
  • Se suprime el límite temporal de 18 años para compensar bases negativas, a partir de 1 de enero de 2016. 
  • Se introduce una limitación cuantitativa en el 60 por ciento de la base imponible previa a su compensación. En todo caso, se podrá compensar en el periodo hasta el importe de 1 millón de euros. 
  • Se limita el derecho de la Administración a revisar las bases imponibles negativas a un plazo máximo de 10 años desde la finalización del plazo de presentación de la declaración del Impuesto donde se generaron esas bases imponibles negativas. Transcurrido este plazo, el contribuyente deberá acreditar que las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda resultan procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. La presente facultad de comprobación de la Administración tributaria será de aplicación en los procedimientos de comprobación e investigación que finalicen con posterioridad a la entrada en vigor del nuevo texto legal.
11.- Exenciones para evitar la doble imposición
 
Se establece un tratamiento uniforme para los dividendos y plusvalías derivadas de participaciones en entidades residentes y no residentes en territorio español basado en un régimen de exención para participaciones significativas, entendiendo por participaciones significativas aquellas en las que el porcentaje de participación, directa o indirecta, sea, al menos, del 5% o bien cuando el valor de adquisición de la participación, directa o indirecta, sea superior a 20 millones de euros 
 
En el caso de participaciones en entidades no residentes, se requiere que la entidad participada haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero análogo a un tipo nominal de, al menos, el 10% con independencia de la aplicación de algún tipo de exención, bonificación, reducción o deducción sobre beneficios. 
 
12.- Deducciones para evitar la doble imposición
 
Se limita el derecho de la Administración a comprobar las deducciones por doble imposición que estén pendientes de aplicar a un plazo de 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación correspondiente al periodo impositivo en que se generó el derecho a su aplicación. Transcurrido dicho plazo, el contribuyente deberá acreditar que las deducciones cuya aplicación pretenda resultan procedentes, así como su cuantía, mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación y de la contabilidad, con acreditación de su depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil.
 
Las deducciones para evitar la doble imposición pendientes de deducción por insuficiencia de cuota, podrán aplicarse en los periodos impositivos siguientes sin límite temporal alguno ya que se elimina el actual límite de 10 años para aplicar estas cantidades no deducidas.
 
13.- Incentivos fiscales
 
Se suprimen la deducción por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión d beneficios extraordinarios, la deducción por gastos de formación de personal y la recién creada deducción por reinversión de beneficios.
 
Se mantienen la deducción por I+D+i, por creación de empleo y por inversiones en  producciones cinematográficas. Se establece que la Administración podrá comprobar la aplicación de estas deducciones en un plazo máximo de 10 años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de la declaración del Impuesto en el periodo en que se generó el derecho a su aplicación.
 
14.- Tipo de gravamen
 
2015:
  • El tipo de gravamen general será el 28%.
  • Tributarán al tipo del 25%: las mutuas de seguros generales, las mutualidades de previsión social y las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social; las sociedades de garantía recíproca y las sociedades de reafianzamiento; las sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales (excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributarán al tipo del 30%); los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales y los sindicatos de trabajadores; las entidades sin fines lucrativos a las que no sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; los fondos de promoción de empleo; las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y la Entidad de Derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias. 
  • Empresas de reducida dimensión, durante el ejercicio 2015 se mantendrá la siguiente escala de tributación: por la parte de la base imponible de 0 - 300.000 euros, al tipo del 25% y por la parte restante, al 28%. 
  • Las microempresas tributarán al tipo del 25% en el ejercicio 2015.
  • Las entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos tributarán al tipo del 33%.
2016:
  • El tipo de gravamen general pasa del 30% al 25 %.
  • Las empresas de nueva creación que realicen actividades económicas, mantiene el 15% como tipo de gravamen para el primer periodo impositivo en que obtienen una base positiva y el siguiente. No se aplicará a las entidades patrimoniales. 
  • Se suprime el tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo para entidades con cifra de negocio inferior a 5 millones de euros y plantilla media inferior a 25 empleados (microempresas), estableciendo un régimen transitorio para aquellas entidades acogidas a este tipo reducido en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015. 
  • Para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, se elimina la escala de gravamen de las entidades de reducida dimensión, tributando éstas al tipo general (25%) para toda su base imponible. De esta manera se equipara el tipo aplicable a las entidades de reducida dimensión con el aplicable en régimen general. 
  • Para las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas se mantiene un tipo del 20%, a excepción de los resultados extracooperativos que irán al tipo general del 25%. 
  • Las cajas rurales y cooperativas de crédito tributarán al 25% con excepción de los resultados extracooperativos que se gravarán al tipo impositivo del 30%. 
  • Se reduce el tipo de gravamen del 30% para las entidades de crédito, que quedan sometidas al mismo tipo que aquellas otras entidades que se dedican a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. 
  • Se suprime el tipo especial del 25% para entidades parcialmente exentas no acogidas a la Ley de Fundaciones. 
15.- Empresa de Reducida Dimensión
  • No resultarán de aplicación los incentivos fiscales de este régimen especial a las entidades que tenga la consideración de entidad patrimonial (actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario).
  • Se elimina la escala de tributación (30%, 25%) que venía acompañando a este régimen fiscal, pasando a tributar al tipo general del 25%. 
  • Para los periodos impositivos iniciados en el año 2015 se mantiene la escala de tributación a los tipos: Por la parte de la base imponible de 0 - 300.000 euros, al tipo del 25% y por la parte restante, al 28%. 
  • Se suprime la libertad de amortización para inversiones de escaso valor prevista exclusivamente para empresas de reducida dimensión (valor unitario no exceda de 601,01 euros). Por este concepto, por inversiones de escaso valor, las empresas de reducida dimensión podrán aplicar la libertad de amortización prevista con carácter general para elementos de inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 300 euros, hasta el límite de 25.000 euros en el mismo periodo. 
  • Se suprime la amortización acelerada de elementos patrimoniales objeto de reinversión. Las pymes que la estuviesen aplicando con anterioridad a 1 de enero de 2015, podrán continuar su aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el RD Legislativo 4/2004, TRLIS. 
  • Para los periodos impositivos iniciados en el ejercicio 2015, se mantiene el régimen transitorio establecido respecto a la libertad de amortización de elementos nuevos del activo material fijo, régimen de aplicación para aquellas inversiones realizadas hasta la entrada en vigor del RD-ley 10/2012, de 30 de marzo. El presente régimen transitorio dejará de ser de aplicación para periodos impositivos iniciados en 2016. 
  • Supresión de la recientemente creada deducción por inversión de beneficios. 
  • Se introduce la posibilidad de reducir la Base imponible hasta un 10% de la misma mediante la “Reserva de Nivelación” (se introduce la posibilidad de reducir la base imponible positiva de las empresas de reducida dimensión hasta un 10% de su importe mediante la dotación de una reserva indisponible equivalente al importe de la minoración, reserva a dotar a cargo de los beneficios del ejercicio en que se minore la base imponible o, en caso de no poderse dotar, con cargo a los primeros beneficios de los ejercicios siguientes. Las cantidades destinadas a dotar la presente reserva no podrán aplicarse, simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización ni de la reserva para inversiones en Canarias. La minoración no podrá superar 1 millón de euros y revertirá a medida que la entidad obtenga bases imponibles negativas, con un límite temporal de 5 años. Transcurrido ese dicho tiempo, deberá integrarse en la base imponible del periodo correspondiente a la conclusión del plazo las cantidades que han sido objeto de minoración, incrementadas en un 5%).
 
ENMIENDAS DEL SENADO
 
1.- En relación con la compensación de bases imponibles negativas no existe límite temporal, frente al actual de 18 años, pero se introduce una limitación cuantitativa en el 70% de la base imponible anterior a los ajustes de la reserva de capitalización, admitiéndose en todo caso un importe mínimo de un millón de euros. Inicialmente el porcentaje de limitación era del 60%, pero tras la aprobación de una enmienda en el Senado, el límite pasa a ser del 70%, aunque para el ejercicio 2016 se mantiene en el 60%.
 
2.- Se crea una nueva deducción, en virtud de una enmienda del Senado, denominada deducción por reversión de medidas temporales, para aquellos contribuyentes que se vieron afectados por limitación de las amortizaciones o se se acogieron a la actualización de balances, con el objetivo de minorar el coste económico que les puede generar la reducción del tipo de gravamen. La deducción será de un 5% de las cantidades que se integren en la base imponible, derivadas de amortizaciones no deducidas en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 2014, siendo del 2% en los períodos impositivos que se inicien en 2015.
 

 

El TEAC clarifica el criterio para la deducción de gastos de un autónomo que trabaja desde su hogar

 

El Tribunal Económico Administrativo Central ha unificado el criterio por el cual, en ausencia de método de cálculo objetivo, se debe aplicar la regla general de admitir la deducción de aquellos gastos de suministros -agua, luz, gas, calefacción, teléfono, etc…-  respecto de los que el obligado tributario pruebe la contribución a la actividad económica desarrollada, y, siguiendo la regla de correlación entre ingresos y gastos para la determinación del rendimiento neto de la actividad económica, sólo puede admitirse la deducción de aquellos gastos si su vinculación con la obtención de los ingresos resultara acreditada por el obligado tributario.
 
Pero lo más importante es que añade que en los gastos de suministros la sola proporción en función de los metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad no serviría, pero sí serviría como criterio la combinación de metros cuadrados en relación con los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce dicha actividad en el inmueble
 
El fundamento jurídico para esto lo encontramos en el artículo 22 del Reglamento del Impuesto, que desarrolla lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas, la Dirección General de Tributos y en multitud de consultas tributarias (V0801-07, V1963-10, V2685-11 y V2557-13).
 
En suma, la situación quedaría de la siguiente manera:
 
Se permite la afectación parcial de elementos patrimoniales divisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto. Cumpliéndose esta condición, se podrá afectar la parte de la vivienda que se utilice para el desarrollo de la actividad económica, lo que supondrá que el obligado tributario pueda deducirse:
  1. Los gastos derivados de la titularidad de la vivienda (amortizaciones, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc…) proporcionalmente a la parte de la vivienda afectada y a su porcentaje de titularidad en el inmueble referido.
  2. Los gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, calefacción, teléfono, etc.) solamente serán deducibles cuando éstos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que a los gastos derivados de la titularidad de la vivienda.
En este segundo caso la AEAT siempre defendía que no existía criterio racional ni claridad que permitiera discernir qué parte de los suministros es utilizada para fines particulares y qué parte para el desarrollo de la actividad económica. El TEAC clarifica el criterio, señalando:
  • Que la determinación de la parte del inmueble que se utiliza en el desarrollo de la actividad económica se puede realizar de una manera objetiva poniendo en relación los metros cuadrados destinados a la actividad económica con los metros cuadrados totales de la vivienda. Partiendo de este dato es fácil hallar la parte de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda que corresponden a la parte destinada a la actividad económica, pues todos los gastos de esta categoría son imputables en igual medida a las dos partes de la vivienda.
     
  • La sola proporción en función de los metros cuadrados de la vivienda afectos a la actividad no serviría, pero podría, en su caso, servir un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce dicha actividad en el inmueble.
Por tanto, la deducción de gastos afectos de un autónomo que realice la actividad en su residencia se realizaría proporcionalmente a los metros destinados a la actividad en los casos de gastos derivados de la titularidad de la vivienda (amortizaciones, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, etc…) y en los casos de suministros (agua, luz, gas, calefacción, teléfono, etc.)  se deducirían los gastos calculando los metros cuadrados afectos con los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce dicha actividad en el inmueble.

 

 

Medidas laborales incluidas en la nueva Ley 31/2015 de Fomento del Trabajo Autónomo

Con la citada ley se pretenden por una parte, incentivar las medidas vigentes destinadas a facilitar la incorporación del nuevos autónomos al mercado de bienes y servicios y por otra, a fomentar, como su propio nombre indica, la economía social, viendo en este tipo de empresas una buena estrategia para poner remedio a las altas cifras de desempleo que todavía sufre nuestro país.   
 
En concreto, se modifican entre otras, la Ley 20/2007 reguladora del Estatuto del Trabajo Autónomo, la Ley 32/2010, por la que se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, y la LGSS por lo que respecta a la nueva configuración de las causas de suspensión de la prestación por desempleo) y la posibilidad de compatibilización entre desempleo y trabajo.
 
A continuación se enumeran las medidas más importantes:
 
  1. Se elimina el requisito del trabajo personal en la tarifa plana: 
    Así, los autónomos que contraten trabajadores podrán seguir beneficiándose de la tarifa plana para autónomos en su cuota de la Seguridad Social.

    Aunque se trataba de una medida inicialmente prevista para los autónomos más pequeños (aquellos que no tienen trabajadores a su servicio) la Ley 31/2015 suprime este requisito con el fin de potenciar también la iniciación de actividades por cuenta propia de cierta entidad, que sí requieren en su funcionamiento trabajadores por cuenta ajena.

    Se trata de una flexibilización que va a afectar tanto a los trabajadores autónomos que ya estuvieran disfrutando de esta medida que van a poder contratar trabajadores sin perder la bonificación, como a los nuevos autónomos que causen alta en el RETA. 
     
  2. Se concreta la cuantía a la que asciende la tarifa plana:
    Como es sabido, la tarifa plana en realidad se divide en tres tramos o escalones: un periodo de reducción cualificado (reducción del 80%), medio (50%) y por último, otro periodo temporal en el que la reducción es pequeña (30%).

    Pues bien la reciente Ley 31/2015 fija la cuota por contingencias comunes de esta tarifa plana en 50 euros exactos (y no en 50,70 como ocurría hasta ahora) durante los primeros seis meses de actividad del autónomo, periodo que ahora se amplía hasta doce meses en el caso de personas con discapacidad, víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

    Por otra parte, se pasa a especificar que la cuota de cotización de 50 euros se aplicará a los autónomos que opten por la base mínima de cotización.

    En cambio, si prefieren fijar una base de cotización más elevada, esta tarifa plana quedará concretada en una reducción del 80% de la cuota de cotización al RETA que hubiese correspondido atendiendo a la base de cotización elegida. 
     
  3. Ampliación del concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE):
    No se puede dejar de hacer referencia a la modificación del art. 11.2 de la Ley 20/207 que lleva a cabo la nueva Ley 31/2015. Se trata de una medida con la que se intentan mejorar las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de las que hoy en día pueden disfrutar los trabajadores autónomos considerados económicamente dependientes.

    Debe advertirse que la medida que a continuación se explica está dirigida a cualquier trabajador autónomo con cargas familiares, independientemente de su sexo.

    Ahora bien, la situación actual permite sospechar que en la práctica, serán más las mujeres que los hombres las que se beneficien de ella. Si bien es cierto que, en principio, para poder tener la condición de TRADE resulta imprescindible que el trabajador autónomo realice su trabajo de forma personal, esto es, sin contar con trabajadores a su servicio, se acaba de introducir una excepción a este presupuesto general.

    De esta manera, los TRADE que se vean obligados a recurrir a la contratación de un único trabajador y necesariamente bajo la modalidad de contrato de interinidad, para suplir sus periodos de ausencia derivada de las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menor de 7 años o de familiar dependiente o familiar con al menos un 33% de discapacidad, podrán mantener dicha condición con las particularidades jurídicas que ello implica.

    Adviértase que no se trata de una medida con la vocación de generalidad que en un principio aparenta, pues aunque además de situaciones de sustitución puntuales (como podrían ser la maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo o la lactancia) comprende también periodos de tiempo más prolongados (como se trataría de las situaciones de cuidado de familiar dependiente, persona discapacitada o hijo menor de 7 años), la ley permite por el momento que esta condición se mantenga durante un periodo de sustitución máximo de 12 meses.

    Pese a sus limitaciones, se trata de la única excepción existente hasta el momento en el que los TRADE podrán ser empresarios en los términos del art. 1.2 ET. Recordemos que el TRADE es objeto de un régimen jurídico especialmente protector, tendente a evitar situaciones de abuso por parte del contratante más débil y de agilizar y abaratar los instrumentos procesales en los casos en los que éste se vea obligado iniciar un procedimiento de reclamación de deuda y que sólo podrá mantener mientras conserve la condición de TRADE. 
     
  4. Bonificaciones en caso de sustitución de trabajadores autónomos en situación de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo o la lactancia:
    El art. 38 de la reciente Ley 31/2015 mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurídico una bonificación del 100 de la cuota de cotización a la Seguridad Social aplicable a aquellas trabajadoras autónomas, que concierten un contrato de interinidad para sustituir sus periodos de baja maternal, vigente desde el año 2006, pero sin condicionarlo ya únicamente a los trabajadores autónomos que a su vez, no tuvieran trabajadores a su servicio.

    Igual previsión se establece para las situaciones de paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.

    Al eliminarse el requisito de no tener empleados a su servicio, se abre la puerta para que los autónomos que sean titulares de organizaciones productivas de más entidad puedan disfrutar de esta medida. Por el mismo motivo, se permite también que hagan uso de ella los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y los socios de sociedades laborales que hayan optado por el alta en el RETA.

    Adviértase que, su vez, como todo contrato de interinidad celebrado con personas desempleadas en los términos a los que hace referencia el RD-Ley 11/1998 destinado a sustituir situaciones de baja maternal, debe recordarse que existe también una bonificación del 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes.

    Se trata de una medida que además, aquellos trabajadores que no tengan trabajadores a su servicio, podrán enlazar después con las bonificaciones que introdujo el RD-Ley 1/2015 respecto a los autónomos que se vieran obligados a contratar a un trabajador interino que sustituya sus periodos de ausencia por cuidado de hijos menor de 7 años o familiar dependiente.
     
  5. Se elimina la barrera de la edad en la posibilidad de compatibilizar el paro con el trabajo por cuenta propia:
    Los autónomos de cualquier edad podrán compatibilizar trabajar y cobrar el paro a la vez durante nueve meses (270 días) y no sólo los menores de treinta años como hasta ahora (art. 228.6 LGSS). 
     
  6. Suspensión de la prestación por desempleo (art. 212.1.d LGSS):
    Los desempleados que estén cobrando el paro y emprendan como autónomos podrán solicitar la reanudación del cobro de la prestación por desempleo hasta cinco años después de haber iniciado su actividad (60 meses), en lugar de sólo dos años como hasta ahora.

    Ahora bien, si se solicita la reanudación con posterioridad a los 24 meses desde el inicio de la suspensión tendrá que acreditar que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su origen en la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, separación o divorcio, cese involuntario en el cargo de consejero o administrador de una sociedad o extinción del contrato entre el TRADE y su cliente principal. 
     
  7. Capitalización de la prestación por desempleo:
    La nueva Ley de Fomento del Trabajo Autónomo introduce la posibilidad de dedicar el 100% de la capitalización del desempleo a la inversión inicial, independientemente de la edad.

    Con el sistema anterior, solamente los menores de 30 años que desearan iniciar una actividad por cuanta propia podían capitalizar hasta el 100% de la cantidad pendiente de cobro. Así, la nueva Ley, generaliza esta medida. Ahora bien, cuando con esta capitalización se pretenda realizar una aportación a una entidad mercantil con el fin de participar desde su constitución, o integrarse posteriormente. En todo caso, se requerirá que tras su incorporación, el beneficiario de la capitalización pase a ostentar el control efectivo de la sociedad (DA 7ª LGSS). Esta capitalización se podrá utilizar tanto para realizar la aportación al capital social de todo tipo de sociedades mercantiles de nueva creación (siempre y cuando se tenga el control efectivo de la empresa) y también, para cubrir los gastos de constitución así como para adquirir servicios específicos de asesoramiento, formación e información de la nueva empresa. 
     
  8. Capitalización de la prestación por cese de actividad:
    De la misma forma, se modifica también la Ley 32/2010 con el fin de permitir también la capitalización de la prestación por cese de actividad (aquélla que reciben los autónomos que hayan cotizado por esta contingencia cuando se ven obligados a poner fin a su actividad profesional por causas ajenas a su voluntad) para que esta medida pueda servir para sufragar los gastos de lanzamiento de una nueva actividad profesional. Se autorizará esta capitalización no sólo cuando el sujeto acredite que va a iniciar una nueva actividad profesional sino también en los casos en los que la prestación se vaya a destinar a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil (admitiéndose tanto la constitución renuevas sociedades como la integración de sociedades preexistentes, siempre que éstas hubiesen sido constituidas en los 12 meses anteriores a la aportación y tras la incorporación, se vaya a disponer del control efectivo de la misma -DA 7ª LGSS-). 
     
  9. Nuevos incentivos a la contratación en entidades de econonía social:
    Se amplían las bonificaciones existentes para la incorporación en sociedades laborales de socios trabajadores o de trabajo.

    En el caso de las cooperativas estos incentivos se aplicarán cuando éstas hayan optado por el régimen de Seguridad Social propio de los trabajadores por cuenta ajena.

    También se establecen importantes incentivos a las contrataciones laborales realizadas si la entidad contratante es una empresa de inserción y contrata a una persona en situación de exclusión social. 
     
  10. Bonificaciones autónomos colaboradores:
    Se amplía el incentivo para el alta en la afiliación de nuevos familiares colaboradores hasta 24 meses desde los 18 actuales. Eso sí, la bonificación en estos 6 meses adicionales será de sólo el 25%, mientras que en el primer tramo, como hasta ahora, la bonificación sigue siendo de un 50%. 
     
  11. Nueva bonificación a familiares del autónomos agrarios:
    Durante cinco años, los cónyuges o descendientes del titular de la explicación agraria que se incorporen al RETA o al sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrario y tengan 50 o menos años de edad, se aplicarán una reducción del 30% de la cuota que resulte de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda, el 18,75%.
     
  12. Apoyo a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción:
    Pasan a ser consideradas entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Y es precisamente esta calificación de entidades de economía social la que permite que se amplíe hasta 500.000 euros el tope de subvenciones públicas que pueden recibir en tres años (art. 5.4 de la Ley 5/2011 de Economía Social).

    Además se fomentará la reserva de mercado público para ellas en los concursos de licitación (modificando la disposición adicional quinta de la Ley de contratos del Sector público, aunque el porcentaje concreto de reserva queda sujeto a la libre determinación de cada CCAA) y se bonificará a las empresas que contraten trabajadores provenientes de las empresas de inserción.

    Se trata de un nuevo incentivo destinado a potenciar el tránsito de la persona en situación de exclusión social hacia la empresa ordinaria. Es decir, no sólo la empresa de inserción que contrate trabajadores en situación de exclusión social tendrá unas importantes bonificaciones a la cuota empresarial de cotización que tales trabajadores generan, sino también las empresas del mercado ordinario que contraten a trabajadores provenientes de una empresa de inserción también podrán disfrutar de estos beneficios.

 

 

 

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